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Y, por supuesto, se ha escrito mucho en relación a la cuestión de responsabilidad última en el desencadenamiento del conflicto.
Unos analistas destacan la responsabilidad de la izquierda que habría abandonado la vía democrática promoviendo la revolución de Asturias en 1934 contra el legítimo gobierno republicano, que instigaba los desordenes públicos, la ocupación de tierras y lanzaba a las masas a la revolución con un lenguaje incendiario como el de Largo Caballero en las elecciones de 1936. Según esta interpretación, la República, para socialistas y comunistas, habría sido simplemente un régimen burgués con el que había que colaborar como paso previo para lograr "la dictadura del proletariado", el triunfo de la revolución según el modelo similar al ruso. Los anarquistas, por su parte, habrían buscado la destrucción del Estado para hacer realidad sus utopías libertarias.
Para otra parte de los historiadores, la responsabilidad es de la derecha. Los sectores más conservadores del país (Ejército, Iglesia, terratenientes) nunca aceptaron al régimen republicano porque era una amenaza directa para sus privilegios mantenidos durante décadas. Ya en 1932 habían desafiado la legalidad republicana mediante el fracaso del golpe de Sanjurjo y, desde entonces, no habían cesado de conspirar. La CEDA nunca había aceptado explícitamente la República mientras que la extrema derecha, Falange y carlistas, era decididamente antirrepublicana. El golpe militar del 18 de julio de 1936 fue el último paso en el camino de destrucción del régimen republicano que había comenzado en abril de 1931.
En resumen, debemos intentar conjugar todos los elementos en una explicación multicausal. La Guerra Civil del 1936 es el resultado final de los problemas que la sociedad española venía arrastrando desde el siglo XIX. Ante esta situación de extrema dificultad la democracia fracasó en su intento de establecer un marco de convivencia aceptado por todos porque ni la derecha ni la izquierda aceptaron leal y sinceramente la legalidad republicana.